EDITORIAL
Lo que en principio ha sido un plan focalizado en aquellos barrios que tenían fama de peligrosos debe convertirse en política general, extensiva a aquellos sectores de municipios más desprotegidos donde a menudo se perpetran hecho vinculados al quehacer delincuencial.
El programa “Barrio Seguro” ha sido, probadamente, un plan exitoso en lograr la disminución de los índices de violencia y delincuencia callejera.
Como es natural, los delincuentes, como ratas tratando de salvarse, han huido a otros lugares y desde allí siguen cometiendo fechorías.
Es imperativo, entonces, extender el programa hacia esos barrios todavía “inseguros”, para que logremos otro paso de avance en esta lucha contra la criminalidad, que se manifiesta, como plaga indomable, en muchos países latinoamericanos sumergido en la pobreza.
Lo que en principio ha sido un plan focalizado en aquellos barrios que tenían fama de peligrosos debe convertirse en política general, extensiva a aquellos sectores de municipios más desprotegidos donde a menudo se perpetran hechos vinculados al quehacer delincuencial.
La policía ha jugado su papel, pese a sus ostensibles limitaciones de personal y recursos, ya que el programa de seguridad democrática no es sólo para perseguir delincuentes, sino para mejorar las condiciones de vida de los barrios.
Esta última tarea corresponde a otras entidades, y debe ser cumplida satisfactoriamente para que la frustración y la desesperanza de sus habitantes no se conviertan, más adelante, en acicates para mayor violencia y raterismo.
Es preciso hacer constar que la lucha contra la delincuencia va pareja con la lucha sistemática contra el narcotráfico, y en este último caso lo que existe es una verdadera guerra entre los defensores de la sociedad y los que promueven el flagelo, que se sienten acosados y desajustados por los golpes que les viene dando la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Trascripción del artículo publicado en el periódico Listín Diario, martes 1 de mayo de 2007. Página 14.