Editorial Tarea de todos

La incorporación de otros 12 sectores del Distrito Nacional al programa Barrio Seguro constituye un gran paso hacia adelante en el esfuerzo por garantizar seguridad ciudadana y frenar el auge de la delincuencia.

Ese programa ha sido aplicado con relativo éxito en el barrio Capotillo, por lo que comunidades donde se inicia desde hoy albergan esperanza de que ayudará a disminuir índices de homicidios, atracos, asaltos, violaciones y tráfico de drogas.

Tiene razón el presidente Leonel Fernández al señalar, en el discurso de apertura de ese programa, que en la medida en que se garantice la seguridad ciudadana se consolidan la paz y la tranquilidad en la nación.

Se advierte, sin embargo, que esa iniciativa no debe afianzarse sólo en empleo de más personal y equipos para perseguir crímenes y delitos, porque la represión por sí misma no es antídoto efectivo contra la violencia delincuencial.

En el pasado, Ejército y Policía tomaban bajo control calles y callejuelas de barrios populares donde se detenía a decenas de lugareños en redadas indiscriminadas, sin que esas acciones ayudaran a asentar la seguridad ciudadana.

De nada sirve que autoridades envíen a esos barrios flotillas de yipetas patrulleras y centenares de policías, si el Gobierno no aplique un efectivo plan de lucha contra la pobreza que eleve la calidad de vida de sus residentes.

Es menester que las Secretarías de Educación, Salud Pública, Deportes, Cultura, Educación Superior, de la Juventud y de la Mujer, así como Ayuntamiento e Instituto de la Vivienda, se involucren en el rescate de las poblaciones confinadas en esos antros de marginalidad.

La delincuencia se combate también con más escuelas, talleres de adiestramiento laboral, canchas deportivas, salas de cultura, acceso a la educación superior, asistencia a madres solteras y jóvenes en situación difícil, arreglos de calles y cañadas y mejoramiento de viviendas.

Se requiere que las propias comunidades se involucren de manera activa en esos programas de seguridad ciudadana, así como la sociedad civil, en sentido general, que no puede reeditar la historia del indiferente sorprendido por la tragedia.

La Policía, como es auxiliar de la Justicia y garante del orden público, no puede asumir por propia cuenta el compromiso de frenar un nivel de delincuencia que tiene raíces en altos niveles de iniquidad social. La tarea, pues, corresponde a todos.

 Trascripción del artículo publicado en el periódico El Nacional, martes 10 de Enero de 2006.

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