Santana Páez advirtió que el concepto de “orden público” tendrá que desaparecer de la mentalidad, del accionar y vocabulario policial.
POR DIEGO PESQUEIRA
Redactor de Hoy
Para enfrentar con éxito la delincuencia, la violencia y la criminalidad que afecta al país se necesita una policía de mano dura, pero para la prevención, detención y control de los delincuentes se requiere de policías con mano técnica para recoger los elementos de prueba, indicios y evidencias, que permitan sustentar cualquier imputación, afirmó ayer el general de brigada Bernardo Santana Páez.
A juicio de Santana Páez, director del Instituto de Dignidad Humana de la Policía, se requiere además de un policía bien formado, capacitado para que pueda someterse con éxito al proceso de contradictoriedad que exige el proceso penal para el conocimiento de los casos.
Dijo que el principio de la “legalidad de la prueba”, el cual establece que solo cuando las pruebas son legalmente recolectadas de la escena del crimen, son pertinentes para sustentar la verdad, ha sido interpretado como una desgracia por muchos policías, que le llevó sus instrumentos de trabajo y que le dejó desarmados.
Reconoció que la Policía se manejó durante muchos años de espalda a derechos establecidos en la Constitución, pero aclaró que esto sucedió “no porque sus miembros o tuvieran el deseo o las aspiraciones de capacitarse”.
Manifestó que muchos responsables de la formulación de la política criminal, que pensaron que el concepto de orden público nunca evolucionaria, “ignoraron muchas señales que enviamos y ahora estamos echándole la culpa de nuestros males actuales al Código Procesal Penal, ignorando que todas las normas del mismo están contenidas en la Constitución”.
No obstante, para Santana Páez, no todo está perdido, puesto que según dijo, la Policía cuenta con una matrícula de profesionales jóvenes altamente capacitados y preocupados por echar hacia delante y cumplir con sus responsabilidades y la Constitución.
“Estamos obligados, ahora más que nunca, a seguir preparándonos en el área de la gerencia policial, la prevención del delito, la investigación criminal y la inteligencia criminal”, precisó.
Santana Páez confía que la Policía puede cumplir con las exigencias de las nuevas normativas “y estaremos en capacidad de crear, mantener y proteger los espacios donde puedan ejercitarse los derechos y libertades que el país requiere para sui desarrollo”.
Agrega que un policía capacitado podrá defender con inteligencia el trabajo realizado y así contribuir a probar la comisión de un hecho criminal y con ello reducir los niveles de impunidad, además de que redundará en la satisfacción de la sociedad, que podrá ejercer sus derechos y garantías, logrando así la seguridad ciudadana a que aspira.
PROCESO COMPLEJO
Santana Páez entiende que con la entrada en vigencias del nuevo Código Procesal Penal, el país atraviesa por un proceso complejo en cuanto al paso de la política de orden público a una política de seguridad ciudadana.
Sostuvo que el único problema de la reforma ha sido el poco margen de tiempo para su aplicación.
“En realidad se dio poca importancia a este aspecto, pese a la advertencia de muchos sectores de que algunos elementos del sistema de justicia criminal no estaban preparados para la implementación del mismo, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, que tiene una escuela judicial con altos estándares de calificación y con una matrícula de instructores capacitados sobre el tema, lo que permitió avanzar más en el conocimiento de la misma”, apuntó.
Manifestó que a España le tomó 19 años pasar de una política de orden público a la de seguridad ciudadana, y que todavía 27 años después, se está discutiendo sobre el tema.
“Nosotros pasamos de la noche a la mañana, como si fuera tan fácil, como un cambio de frecuencia de radio. Necesitábamos más tiempo, más preparación, más recursos, formación y profesionalización para lograr esta meta” apuntó.
Trascripción del artículo publicado en el periódico Hoy, lunes 21 de febrero de 2005, Página 19.